enero 14, 2006

Más de monopolios III: monopolios públicos

Antes de pasar a los monopolios públicos, se me pasó escribir sobre el caso de TELMEX que recuerdos del porvenir mencionó. Aquí de nuevo vemos la mano negra del gobierno. Fue el gobierno el que creó ese monstruo y después fue el gobierno el que decidió venderlo todo junto en lugar de venderlo en partes. Telmex no es producto del mercado, es producto del gobierno que después entregó al mercado. La telefonía fija es, ciertamente, uno de esos sectores en los que los costos para entrar son muy altos y, por consiguiente, es difícil hacerle la competencia a la compañía ya establecida (repito, establecida por el gobierno), pero la tecnología va evolucionando. Hoy uno puede ya contratar servicio telefónico con compañías alternativas como Axtel o Maxcom. Tomará un buen tiempo antes de que la competencia alcance a Telmex, pero hay que reconocer que no es un monopolio que se formó de manera natural, al contrario nació como monopolio porque así la creó el gobierno. Si algo muestra Telmex, y quienes vivimos los tiempos cuando Telmex era paraestatal lo sabemos bien, es que lo que no funciona es precisamente el estatismo.

Lo cual me lleva a los puntos 2 y 4:
2. Los monopolios son negativos para cualquier mercado no sólo cuando son públicos (como sería el caso de la Comisión Federal de Electricidad en México) sino también cuando son privados.

4. Como sucede con cualquier cosa que es finita y por ello escasa, van a haber discusiones y desacuerdos sobre cómo aprovechar ese bien finito y escaso.
Voy a comentar los dos puntos juntos porque están fuertemente relacionados. En lugar de pasarme horas y horas contestando cada caso que se le ocurre a Rodolfo, voy a tratar de hacerlo de manera general, a ver si podemos concentrar el debate de esa manera.

En el punto 2 por lo menos estamos de acuerdo en que los monopolios estatales o públicos son malos. Y para explicar por qué pensemos en qué es lo que hace que el capitalismo sea el mejor sistema económico. El capitalismo es superior a cualquier otro sistema porque se basa en el libre intercambio, en el cual ambas partes ganan. El productor, con su afán de lucro, debe decidir qué producto ofrecer, de qué calidad y en qué cantidad. Si decide bien, es recompensado y obtendrá ganancias. El consumidor por su parte lo que quiere es mejorar su condiciones de vida. Si un productor ofrece un producto que el consumidor quiere, de la calidad que él quiere y a un precio que está dispuesto a pagar, el consumidor lo comprará, y con ello mejorará su vida. ¿Cómo sabemos si el productor hizo un buen trabajo? Fácil, sólo hace falta ver si logró ganancias o pérdidas. Y es en base a esta información que el productor puede corregir o mejorar sus decisiones anteriores de una forma racional para proveer mayor satisfacción a los consumidores y al mismo tiempo lograr mayores ganancias. La información que está contenida en el sistema de precios, le permite además al productor utilizar sus recursos de manera óptima. Por ejemplo, si en algún momento el petróleo comienza a escasear su precio subirá y forzará a los productores a utilizarlo primero en las cosas que la gente demanda más. Es así que el capitalismo utiliza los recursos escasos de manera racional.

Pero, ¿qué pasa con las empresas del gobierno? Pues que esas empresas carecen de la motivación capitalista. El éxito o fracaso de las empresas públicas no se puede medir en ganancias o pérdidas porque siempre pueden decidir subsidiar sus pérdidas con nuestros impuestos. El efecto es que las decisiones que toman los burócratas que manejan esas empresas no siguen lo que dicta el mercado y, por lo tanto, no tienden a proveer lo que los consumidores demandan. Satisfacen a unos a expensas de otros. En lugar de generar el intercambio gana-gana que caracteriza al capitalismo, las empresas estatales generan intercambios en los que unos ganan y otros pierden.

Además, al no poder hacer un cálculo capitalista, las empresas públicas tienden a desperdiciar recursos. Pongamos un ejemplo: los precios de la gasolina en México no los establece el mercado, los deciden la burocracia y los políticos. No podemos saber si ese precio es más alto o más bajo que lo que sería si hubiera competencia, pero de cualquiera de las dos formas terminamos perdiendo. Si el precio es más alto, entonces es claro que perdemos al pagar más de lo justo (lo justo siendo lo que fija el mercado). Si el precio es más bajo entonces PEMEX no está recibiendo los ingresos que debería y, por lo tanto, no tendrá el capital para llevar a cabo las inversiones que necesita para seguirnos proveyendo de gasolina en el futuro, y por lo tanto está haciendo un uso ineficiente de los recursos petroleros del país. Sumémosle a ello que los cofres de PEMEX son asaltados por el sindicato y los políticos para sus propios fines y es fácil ver por qué PEMEX no puede hacer nuevas inversiones. De pronto a los políticos se les ocurre que necesitamos una nueva refinería. Pero ¿cómo sabemos si efectivamente la necesitamos o no, o de qué tamaño, o si necesitamos dos o tres? Pues en realidad no hay manera racional de saberlo porque no hay un mercado libre que nos de la información. Esta es, por cierto, la razón por la cual el socialismo no funciona, sin importar lo “buenos” que sean los burócratas. Sin mercado es imposible hacer un cálculo económico para decidir qué hacer, de qué calidad y en qué cantidad. El resultado en los países socialistas fueron las terribles hambrunas en las que perecieron millones de personas.

Con CFE pasa lo mismo, las tarifas son fijadas por los políticos. ¿Cómo saben los políticos cuánto es una tarifa justa? No lo saben. Las suben y las bajan de acuerdo al clima político del momento. Si son demasiado bajas no es como si la diferencia entre costos e ingresos se esfumara, esa diferencia de todos modos la pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si las tarifas son subsidiadas, entonces los contribuyentes estamos subsidiando a los que más consumen, es decir, a las grandes empresas. Además, claro, mantenemos a la mafia del sindicato de electricistas. En este caso Rodolfo sugiere una privatización parcial porque, dice, “de otra forma mis amigos de Mexicali y de muchas ciudades de la frontera se cocinarían en su propio jugo durante los meses de verano”. La pregunta aquí es, ¿cómo sabe él que el precio de la electricidad será mayor si se privatiza CFE? ¿No cree que una compañía privada fácilmente sería más eficiente que CFE simplemente al librarse del lastre del sindicato de electricistas? Y aún suponiendo que el costo de la electricidad en Mexicali fuera mayor que en el resto del país ¿por qué los demás debemos subsidiar a los habitantes de Mexicali? Si ellos eligen vivir ahí y necesitan aire acondicionado pues que paguen lo que cuesta o se muden. Cuando se subsidian ciertas poblaciones en zonas que no son ideales para vivir suceden cosas como lo que vimos en Nueva Orleáns.

En educación y salud sucede lo mismo. En ambos sectores, las empresas públicas hacen un uso ineficiente de los recursos y por ello terminan ofreciendo un pésimo servicio. En México nos vemos obligados entonces a buscar alternativas privadas aún cuando seguimos pagando los impuestos que mantienen a los ineficientes sistemas públicos. La excusa recurrente es que estos sistemas no tienen suficiente dinero (nunca hay suficiente para mantener sistemas así). Pero veamos que pasa en países de primer mundo. Rodolfo sugiere que volteemos a Canadá o España como ejemplos de que los sistemas de salud pública sí funcionan. No estoy familiarizado con el de España, pero del de Canadá sé algunas cosas. En Canadá el sistema de salud público tiene el monopolio del sector con algunas excepciones. Esto quiere decir que los doctores no tienen la opción de ofrecer sus servicios de manera privada (lo cual explica que varios doctores y enfermeras educadas en Canadá emigran a EEUU a trabajar) y que las personas que necesitan esos servicios no tienen otra opción más que chutarse las largas horas de espera en el sistema público (el resultado es que muchos de ellos cruzan la frontera para recibir atención médica en EEUU). Una de las provincias canadienses con más candados en el sector salud era Québec que, hasta hace poco, no permitía que la gente comprara seguros de salud privados. En junio del año pasado la Corte Suprema de Canadá atestó un primer golpe a este sistema cuando determinó que esa ley en Québec debía ser removida. Las palabras de la decisión de la corte hablan por si mismas:
"The evidence in this case shows that delays in the public health care system are widespread, and that, in some serious cases, patients die as a result of waiting lists for public health care," the Supreme Court ruled. "In sum, the prohibition on obtaining private health insurance is not constitutional where the public system fails to deliver reasonable services."
En cuanto a la educación, sólo hay que ver el sistema educativo gringo. La cantidad de dinero que gastan en educación pública es enorme, y sin embargo sus resultados son pobres comparados con otros países que gastan mucho menos. Ayer en el programa 20/20 de ABC mostraron un reportaje que mostró lo mal que está el sistema. Pueden ver parte del programa y leer la trascripción aquí.

Debo dos posts más: uno sobre regulación en alimentos perecederos y medicinas y otro sobre los medios.

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